II CONGRESO INTERNACIONAL DE JUSTICIA AMBIENTAL: MINERÍA ILEGAL VINCULADA A CRIMINALIDAD ORGANIZADA

II CONGRESO INTERNACIONAL DE JUSTICIA AMBIENTAL: MINERÍA ILEGAL VINCULADA A CRIMINALIDAD ORGANIZADA

14-12-2018

La minería ilegal vinculada a la criminalidad organizada debe ser combatida con una estrategia integral y voluntad política, especialmente en las diversas  zonas del país donde impera esta problemática.  

Así lo sostuvo el juez supremo Aldo Figueroa Navarro, presidente de la comisión organizadora del II Congreso Internacional de Justicia Ambiental, el cual es desarrollado en la ciudad de Pucallpa (Ucayali). 

En su ponencia “Minería ilegal y crimen organizado”, el magistrado explicó la necesidad de un enfoque integral para erradicar ambos flagelos, pues se han extendido debido a factores como inestabilidad social profunda, débil gobernanza y conflictos sociales.

Además, dijo, porque existe una economía que la incentiva, así como por el involucramiento de otras actividades como la trata de personas, narcotráfico y lavado de activos. 

Señalo que la minería ilegal y el crimen organizado se han fortalecido en Madre de Dios por el aislamiento que sufre esta región por parte del Estado, y por la alta rentabilidad económica que otorgan a las organizaciones criminales.

Lamentó esta situación, pues estas actividades generan desintegración social con pérdida de calidad de vida, corrupción, problemas de salud, homicidios e impacto políticos en la gobernanza.

Por ello, el magistrado propuso una agenda pública para su erradicación, y no acciones fragmentadas basadas en intervenciones policiales a específicas actividades de minería ilegal o la sola implementación de leyes.

En ese sentido, recalcó la necesidad de una política social que promocione el desarrollo sostenible en las zonas afectadas por la minería ilegal y el crimen organizado que desaliente su expansión.

Cabe recalcar que en este congreso también son debatidos los temas de “Crimen organizado en materia ambiental”  y “Herramientas tecnológicas y jurídicas para resolver delitos ambientales”.

El certamen reúne a más de 100 jueces del país, y tiene el objetivo de fortalecer sus capacidades en el tratamiento de delitos que atentan contra la naturaleza. 

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